La importancia de contar con un asesoramiento especializado en derecho tecnológico radica no sólo en permanecer tranquilo pudiendo conocer y cumplir la normativa incluso desde la fase más embrionaria de nuestro proyecto empresarial, sino también en evitar futuras sanciones o responsabilidades frente a clientes, proveedores y usuarios, mediante el refuerzo de la confianza que nuestros servicios, respetuosos de la legalidad vigente, aportan a los usuarios, además de proporcionarnos tranquilidad y seguridad para destinar nuestros recursos a tareas intrínsecas a nuestro proyecto emprendedor en la red, potenciando así nuestra eficacia y competitividad.
Estas son algunas de las normas que, de forma general, rigen el entorno digital en España, y que van a condicionar nuestra actividad en Internet como prestadores de servicios de la sociedad de la información y de la comunicación:
- Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de Ejecución.
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y normas especiales que regulen determinadas actividades publicitarias.
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
- Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
A estas normas debemos añadir aquellas que, con carácter complementario sean aplicables a sectores que cuentan con normativa específica (farmacéutico, turismo, automóvil, etc.) y, además, considerar determinados requerimientos establecidos por normativas autonómicas que serán de aplicación en las licencias y altas empresariales, aplicándose la normativa del lugar de la sede social de la empresa a estos efectos.
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